El Gobierno del Partido Popular utilizó los aparatos del Estado, principalmente la policía, para combatir a los enemigos políticos y bloquear investigaciones judiciales por corrupción que afectan a sus miembros.
Esta conducta ilegal e inmoral ha sido la respuesta al proyecto secesionista catalán iniciado en 2012.
El Gobierno de Mariano Rajoy carecía de iniciativas para contrarrestar al independentismo, dejando la resolución en manos de los tribunales.
Rajoy y el PP sufrieron una derrota en el escenario internacional, donde el independentismo superó a la diplomacia española en todos los ámbitos.
El Gobierno de PP y los partidos secesionistas actuaron de acuerdo a sus intereses cortoplacistas a coste de regresión democrática.
Ambos bandos han evitado dar explicaciones sobre sus decisiones y omisiones, y han utilizado medios ilegales para lograr sus objetivos políticos.
Conclusión: La falta de diálogo, la delegación de la solución a los jueces y el uso de métodos ilegales y anticostitucionales empeoraron la crisis política en España.