Pedro Sánchez reconoció el ataque a la integridad territorial, despertando la expectativa de una acción estatal fuerte.
La tardanza y falta de respuesta del gobierno reflejan una opacidad y abandono institucional.
Margarita Robles asume la responsabilidad de Rabat en el uso de la presión migratoria.
Los cuestionamientos hacia la gestión del gobierno se centran en el origen de la entrada masiva de inmigrantes y la insuficiencia del dispositivo de la Guardia Civil.
Actualmente, aún hay 8.000 migrantes en Ceuta y la policía se ve desbordada para identificarlos.
El gobierno anuncia planes de apoyo económico y el envío de 45.000 vacunas para afrontar la situación en Ceuta.
La percepción de un Estado inhibido es consecuencia de un Gobierno desbordado que se apega a una política de apaciguamiento con Marruecos.
Conclusión: La crisis en Ceuta ha revelado un abandono y opacidad institucional por parte del gobernante español y una renuencia a responsabilizar a Marruecos. El resultado es una crisis de seguridad y salud pública alimentada por una política de apaciguamiento que no ha logrado mantener la integridad territorial española.