La política lingüística identitaria lleva a discriminación y desigualdad de oportunidades.
Las instituciones priorizan la expansión del euskera por encima de los derechos de ciudadanos.
Los afectados integran un grupo concreto: alumnos de colegios concertados religiosos que cursan el bachillerato mayoritariamente en español.
El tribunal examinador provenía de la Universidad del País Vasco, que muestra una opinión radical.
El agravio sufrido por los estudiantes es real y limita sus oportunidades futuras.
Esta situación es consistente con una política de exclusión que está endureciéndose.
Conclusión: La situación actual es injusta e inaceptable. Lo que subyace es una lucha política que supone un lastre para los estudiantes que desean estudiar en lengua española.