La crisis inmobiliaria en España se atribuye en gran parte a la baja rentabilidad para empresas e inversores de construir viviendas.
Existe un rápido crecimiento demográfico debido a la inmigración, y la capacidad para acceder a una vivienda es cada vez más difícil.
Las políticas públicas han eludido su responsabilidad en incentivar la oferta de viviendas, que actualmente está estancada.
La complejidad y la burocracia de iniciar una empresa de construcción son obstáculos.
Existe falta de seguridad jurídica y una pulsión intervencionista del gobierno que agrava el problema.
El alto costo fiscal que conlleva comprar una vivienda en España (alrededor del 30% del precio final).
Conclusión: Se necesita una revisión de las políticas, con una concentración en el incentivo de oferta privada de construcción de viviendas y en la construcción de viviendas públicas, para corregir el creciente desequilibrio en el mercado inmobiliario español.