El presidente utiliza las instituciones públicas para su beneficio personal, no el interés general.
España se propone modificar el reglamento lingüístico de 1958 para incluir el catalán, euskera y gallego en la UE.
El Gobierno insiste que este cambio es esencial para evitar un nuevo referéndum independentista en Cataluña.
La prioridad del Gobierno se centra en expandir el reconocimiento de lenguas, a pesar del alto coste económico (132 millones de euros).
El Gobierno ha comprometido apoyos que podrían haber sido más útiles en agricultura, energía o comercio.
Conclusión: Es evidente que la prioridad del Gobierno se inclina hacia la promoción de sus objetivos políticos personales, incluso a expensas del bienestar económico y general de la nación.