El Tribunal Supremo requiere que el Estado asuma la responsabilidad de atender a unos 1.200 menores inmigrantes en Canarias que han solicitado asilo.
El Gobierno planea continuar la distribución de 4.400 menores extranjeros desde Canarias y Ceuta, incluyendo a los solicitantes de asilo.
Los menores se encuentran en una situación insostenible de hacinamiento en los centros de acogida canarios.
El Gobierno ha desatendido la situación, la reforma pendiente de la Ley de Extranjería política y de agravio entre regiones.
El plan propuesto va en contra de los intereses del PP, el partido que gobierna la mayoría de las comunidades.
Conclusión: El desafío requiere una política nacional acordada y responsable con lealtad, solidaridad y transparencia, pero el enfoque actual prioriza intereses partidistas.