El reparto de menores no acompañados pactado entre el Ministerio de Juventud e Infancia y el Gobierno canario ha sido rechazado por las comunidades del PP.
Se sospecha que los nuevos criterios favorecerán a Cataluña y al País Vasco.
Sería inadmisible cambiar los criterios para satisfacer a los socios nacionalistas del Gobierno.
La crisis migratoria requiere un gran pacto de estado para ofrecer una salida digna a estos jóvenes.
La centralidad y racionalidad requiere un acuerdo justo que no deje a los menores y que tenga en cuenta a todas las comunidades autónomas.
Conclusión: El reparto de menores no acompañados requiere un acuerdo inclusivo, equilibrado y sensato que tenga en cuenta los derechos humanos y las necesidades de todas las comunidades.