El Gobierno reacciona de manera calculada e insostenible ante el caso de Francisco Salazar.
Hay afirmaciones de dos millones de mujeres que han sufrido violencia de su pareja.
Una contradicción es vista en dos ministras que inicialmente defendieron al Gobierno pero luego condenaron los actos de Salazar.
Dudas sobre la eficacia del protocolo gubernamental surgieron tras el caso Salazar.
Las denuncias contra Salazar fueron aparentemente eliminadas del sistema interno, aumentando sospechas de protección interna.
Alberto Núñez Feijóo pide medidas más severas contra los violadores y acusa al PSOE de no proteger a las mujeres.
Conclusión: El caso Salazar ha revelado fallas importantes en las políticas del Gobierno y ha abierto una brecha entre el discurso y las acciones del PSOE, lo que podría implicar un coste político significativo.