Editorial: El Mundo

• El Gobierno ha interferido en la acción de los tribunales, especialmente mostrado por el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien criticó la decisión del Tribunal Supremo sobre Carles Puigdemont y anticipó correcciones del Tribunal Constitucional
• Este comportamiento erosiona la separación de poderes y genera sospechas sobre la complicidad del Gobierno en la fuga de Puigdemont
• Acusar al Supremo de extralimitarse es inadmisible, sobre todo cuando se basa en la aplicación de normas mal redactadas y con deficiente técnica jurídica
• Este comportamiento pone en evidencia la intención del Ejecutivo de dominar al TC, apoyándose en su mayoría progubernamental
• Las presiones del Gobierno son tan explícitas que han causado malestar incluso en el tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido
• La reciente fuga de Puigdemont y la formación del nuevo Gobierno catalán, sin la bandera española en su toma de posesión, marcan una etapa de concesiones y dependencia de fuerzas independentistas

Conclusión: Las acciones del Gobierno minan la separación de poderes y manifiestan una excesiva interferencia en el sistema judicial, erosionando su credibilidad y enmarcándolo en un clima de presión política. A su vez, estas acciones consolidan la relación con fuerzas independentistas.

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