La llegada a las costas gallegas de un vertido de pellets necesita una respuesta institucional coordinada.
El PSOE y la izquierda buscan atribuir una responsabilidad política artificial al PP, comparando este incidente con el del Prestige en 2002.
La Fiscalía está investigando la descarga de 25.000 kilos de microplásticos, pero los grupos ecologistas disminuyen el impacto en el ecosistema, y la Xunta mantiene que el material no es 'tóxico'.
El gobierno ignoró el aviso de Portugal sobre la pérdida de los 'desechos peligrosos'.
Alfonso Rueda ha declarado un nivel 2 de alerta, lo que permitiría la movilización de recursos estatales.
El presidente gallego muestra una actitud defensiva para proteger al sector pesquero.
Conclusión: Promover una conciencia ambiental clara y tratar el incidente con la debida importancia podría impedir el uso del mismo como instrumento político.